NÉSTOR SIERRA FERNÁNDEZ.
La Justicia solicitó al Municipio de
Lanús que le entregara información sobre las empresas que el exintendente Darío
Díaz Pérez contrató para proveer a las
cooperativas en 2010.
Una fuente municipal le informó a PUNTO
SUR que representantes de la Fiscalía Nº 2 de Lomas de Zamora se apersonaron en
el edificio comunal en la fría mañana del lunes 29 de mayo y pidieron que les
notificaran y entregaran documentación sobre «empresas contratadas,
subcontratadas y/o licitaciones» realizadas por la municipalidad en relación a
las cooperativas.
La fuente oficial consultada le explicó a este medio que «le entregamos a la Fiscalía toda la documentación que pudimos, ya que es bastante poca la que tenemos de la gestión anterior, quedando a disposición de la Justicia para lo que requiera».
PUNTO SUR consultó vía mail a una persona cercana al exintendente, pero sólo respondió que iba «a averiguar». Pasadas 48 horas, al momento de escribir esta información este medio no obtuvo ninguna respuesta.
Este periódico intentó saber el estado de la causa en la referida Fiscalía, de donde fue derivado a la Fiscalía 1 de Lomas, donde se negaron a dar todo tipo de información.
Antecedentes.
Las solicitudes de documentación se dan
en el marco de una causa por contrataciones a un empresario textil para que
proveyera la ropa a los integrantes de las cooperativas de «Argentina Trabaja»
en 2010, de acuerdo al sitio web «Fiscales.gov.ar»
Pero el 6 de octubre de 2015, el juez federal subrogante (suplente) del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2, Jorge Eduardo Di Lorenzo, había resuelto archivar las actuaciones por inexistencia de delito.
No obstante, la investigación recobró impulso dos meses después con la presentación efectuada por un semanario local, quien aportó un ejemplar con diversas denuncias vinculadas a la gestión del jefe municipal.
«En concreto, el informe detallaba irregularidades en compras y contrataciones efectuadas por la Secretaría de Políticas Sociales del Municipio de Lanús», a cargo de Karina Nazabal, «las cuales se habrían producido en abierta violación a la Ley Orgánica de las municipalidades y al Reglamento de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires».
«La denuncia apuntaba a un empresario textil vinculado al municipio quien, además de proveer de ropa a los cooperativistas de Argentina Trabaja, también le habría vendido colchones y frazadas para el programa de Asistencia Crítica, viandas y desayunos, además del alquiler de camionetas para el traslado de personas y mercadería, todo ello sin que mediara licitación alguna», siempre según la página de información fiscal.
En base a dicha presentación, el juez Di Lorenzo dispuso el desarchivo y remitió las actuaciones a la Fiscalía, que inmediatamente solicitó diversas medidas de prueba.
En ese escenario, el juez titular de ese Juzgado 2 solicitó la remisión del expediente, valoró que los nuevos hechos no guardaban relación con aquéllos que fueran el objeto procesal original y ordenó, el 31 de octubre pasado, nuevamente el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito y el consecuente sobreseimiento de Díaz Pérez.
Hasta que el fiscal Leonel Gómez Barbella, a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de Lomas, apeló ese sobreseimiento el 7 de noviembre pasado por «el posible desvío irregular de fondos por parte de la Secretaría de Política Social de Lanús, vinculados a la ejecución del programa de Cooperativas ‘Argentina Trabaja’. Frente a estos hechos, emerge la posibilidad de producir distintas medidas de prueba».
Por una de esas medidas fue que la
Fiscalía pidió documentación el 29 de mayo último.
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