En cualquier país democrático del mundo, una ley es sancionada por el Poder Legislativo y debe ser cumplida desde el momento de su promulgación. Pero en los últimos días se ha reavivado un debate que tiene lugar hace 4 años, porque el grupo mediático Clarín presentó sucesivos amparos (en una sociedad democrática está en su derecho a hacerlo) para no cumplir con la Ley 26.522, conocida como Ley Nacional de Medios Audiovisuales, sancionada por nuestro Congreso el 10 de octubre de 2009.
Esta ley de la Democracia reemplaza a la 22.285, dictada por el último gobierno de facto en 1980. Curiosamente, esa ley de la dictadura nunca mereció el menor reclamo de Clarín.
Finalmente, el pasado 29 de octubre, después de 4 años de sancionada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación puso coto al pronunciar que la Ley de Medios de la Democracia es constitucional.
Los artículos de la norma que cuestionaba el grupo de Ernestina Herrera de Noble eran el 41 (las autorizaciones y licencias son intransferibles) el 45 (limitaciones a la concentración de licencias), el 48 (prácticas de concentración indebida) y 161 (decuación, deben desprenderse de licencias las personas jurídicas que tengan una cantidad mayor a la permitida por la ley). Por ejemplo, el artículo 45 autoriza a tener en todo el país 1 licencia de canal de TV satelital, 10 (diez) licencias de servicios de comunicación audiovisual más una de producción de contenidos, ya sea canal abierto, radio o TV por suscripción; y hasta 24 (veinticuatro) licencias de TV por suscripción. ¿Le parece poco a Clarín?
El proyecto de ley fue ampliamente debatido en el Congreso por todas las fuerzas políticas, y para su redacción se tuvieron en cuenta normas que regulan los medios audiovisuales en otros países de América, así como en España, Francia y Gran Bretaña, estados todos ellos donde se establecen limitaciones de explotación de acuerdo a cantidad de titularidad o su tipo (en Gran Bretaña, quien edite un periódico en una localidad no puede tener un canal de TV, por ejemplo).
Por otra parte, es curioso que argumente que una ley democrática oprima la libertad de prensa quien ostenta el monopolio de la producción de papel, con la firma Papel Prensa, cuyas consecuencias de la falta de competencia la sufren PUNTO SUR y la mayoría de los medios escritos, que tenemos la misma libertad de prensa que Clarín reclama para sí.
De la misma forma, los medios de Clarín bastardean y ridiculizan a quienes opinan diferente a ellos arguyendo que "viven de la pauta oficial", pero le piden a la Corte que falle a favor de que el gobierno les dé la pauta oficial a ellos.
Además, los únicos dueños de la productora de papel para diarios del país se arrogan "libertad de comercio" para publicar suplementos zonales que se llevan la publicidad de las grandes empresas de ésas áreas, en detrimiento de la libertad de comercio de los medios, por ejemplo, de Lanús y Avellaneda, que nos quedamos con las migajas del reparto.
Es cierto que el peligro es que el actual monopolio privado de medios pase a ser un monopolio estatal. Pero nada de eso sucede ahora. Y un gobierno, en representación del Estado, debe cumplir su obligación de hacer respetar la ley, antimonopólica, en beneficio de todos los argentinos.
Así, es de esperar que Clarín, como cualquier persona jurídica o física, cumpla con la ley de una buena vez.
Publicado en la edición impresa de noviembre
No hay comentarios.:
Publicar un comentario