Concejal de Lanús había presentado proyecto en apoyo al proceso judicial en nuestro país.
MADRID, 24 de septiembre .- La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opondrá a la detención de los
represores reclamados por la justicia argentina por los crímenes
del franquismo, informó hoy la prensa española.
Ayer, la concejal lanusense del Bloque Unidad Popular en el Frente Podemos, Stella García, había presentado un Proyecto de Resolución en el Concejo Deliberante de Lanús, para repudiar “los crímenes de lesa humanidad cometidos en España durante la dictadura franquista, y el apoyo y solidaridad al proceso judicial abierto en el país en búsqueda de verdad, justicia y reparación.”
El criterio de los procuradores, que presentarán un escrito
en el juzgado de guardia de la Audiencia Nacional, es que los
arrestos no son procedentes, aunque esto no implica que rechacen el
trámite de su extradición, precisaron a Télam fuentes judiciales.
La fiscal jefe, Javier Zaragoza, alegará que la orden de
arresto dictada por la jueza argentina María Servini de Cubria es
“insuficiente” y “no procedente”, porque los hechos por los delitos
de los que se acusa a los cuatro españoles están “prescriptos y
amnistiados”, según la agencia EFE.
El escrito será estudiado por el magistrado Pablo Ruz,
actualmente a cargo del juzgado de guardia, ya que no se sigue
ningún proceso en España contra los reclamados.
El juez debe estudiar el dictamen de la jueza argentina y el
informe de la Fiscalía para adoptar una decisión, aunque la última
palabra en los casos de extradición la tiene el Consejo de
Ministros español, es decir, el gobierno de Mariano Rajoy.
La orden de captura fue dictada contra el ex guardia civil
Jesús Muecas Aguilar, el ex escolta del general Francisco Franco y
de la Casa Real, Celso Galván Abascal –ya fallecido-, el ex
comisario José Ignacio Giralde González y el ex inspector José
Antonio González Pacheco, alías “Billy El Niño”.
Servini de Cubria señala en su resolución que los crímenes
del franquismo son imprescriptibles y, por lo tanto, es aplicable
el principio de jurisdicción universal para evitar que puedan
quedar impunes.
Pero el fiscal General, nombrado por el gobierno español, es
el que impone su criterio en cada caso, y Zaragoza, al frente del
departamento de la Audiencia Nacional, ya se opuso en el pasado a
la investigación de estos delitos cuando en 2008 el juez español
Baltasar Garzón se declaró competente para ello.
En aquel momento, Zaragoza acusó a Garzón de abrir una
“inquisición general” de la guerra civil y la dictadura del general
Francisco Franco, prohibida por la Constitución.
Asimismo, argumentó que los delitos han prescripto y que,
además, estarían perdonados por la Ley de Amnistía.
Por su parte, Garzón fue juzgado por prevaricato, aunque
finalmente fue absuelto.
La causa abierta en Argentina en 2010 investiga los crímenes
de lesa humanidad y/o genocidio cometidos en España entre el 17 de
julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, período que va más allá de
la muerte del dictador Francisco Franco, fallecido el 20 de
noviembre de 1975.
Involucra a ex ministros, gobernadores, jefes militares,
guardias civiles y policías que actuaron durante la dictadura, como
los ex ministros franquistas Rodolfo Martín Villa y José Utrera
Molina, suegro del actual ministro de justicia, Alberto Ruiz
Gallardón.
“Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actuarán de
acuerdo con el criterio jurídico que marque la Audiencia Nacional,
a través de la fiscalía”, sostuvo el viernes Gallardón, respecto a
la orden de detención dictada por la jueza argentina.
En mayo de este año, Servini de Cubría tenía previsto tomar
declaración por videoconferencia a víctimas y familiares de
víctimas, pero suspendió el procedimiento ante las quejas del
Ejecutivo español. Finalmente, algunos de los testigos y víctimas
declararon en Buenos Aires.
Por el momento, la jueza imputó sólo a los cuatro represores
reclamados, pero pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores de
Argentina que ponga a los consultados a disposición para recolectar
los testimonios de las víctimas con la intención de ampliar la
investigación. (Télam y APL).-
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