Perfil. Martínez de Hoz: dos siglos de poder económico

Por Rubén Furman (Agencia Télam)

José Alfredo Martínez de Hoz, el exministro de Economía de la última dictadura fallecido a los 87 años en prisión domiciliaria por delitos de lesa humanidad, encarnó de modo cabal la alianza entre el poder económico permanente y los usurpadores del poder político de 1976.
Descendiente de un esclavista patricio, bisnieto del fundador de la Sociedad Rural Argentina y heredero de una de las grandes fortunas del país, durante su gestión modificó la ley de herencia en beneficio de los ricos, promovió una desaforada apertura económica anti-industrialista e hizo crecer exponencialmente la deuda externa.

De nada se privó: mandó a secuestrar empresarios enemigos para despojarlos de sus compañías y hasta hizo nacionalizar una de sus empresas que estaba en quiebra para evitarse el pasivo y transferirlo al Estado, siempre criticado por deficitario.

El origen de la riqueza familiar se remonta al origen de la Patria y aun antes, cuando el primer José Martínez de Hoz amasó un capital como traficante de esclavos y por ser “vecino importante” llegó a estar en el Cabildo Abierto de Buenos Aires el 22 de mayo de 1810, antesala de la Revolución de Mayo.

Las ganancias esclavistas se invirtieron en la compra de las primeras hectáreas al sur de Buenos Aires y ese fue un distintivo de su linaje, que un siglo después poseía 2,5 millones de hectáreas gracias a las dadivas del presidente Julio Argentino Roca por respaldar y proveer a la “conquista del desierto”.

Antes aun de volcar esos nuevos territorios a la cría de ganado para sus propios negocios de exportación de carnes, el patrimonio familiar de los Martínez de Hoz ya estaba diversificado a las finanzas y el apellido había alcanzado “brillo social”.

Fue el primer José Alfredo de la saga, nieto del esclavista y bisabuelo del fallecido, quien fundó en 1866 la organización más caracterizada de los “dueños de la tierra”, la Sociedad Rural Argentina, y poco después el Jockey Club y el Club del Progreso, que reunían al grupo más selecto de los “dueños del país”.

En el haras Malal Hué que heredó su hijo Miguel Ángel, que hoy da nombre a un boulevar marplantense, nació en 1925 José Alfredo III, a quien su abuelo llamaba cariñosamente Josésito, precursor del Joe con que lo bautizó medio siglo después el ingenio popular.

Con la restauración oligárquica de 1930, uno de sus tíos se unió al sector fascista de los conservadores bonaerenses mientras su padre se volcó de lleno a los negocios alcanzando otro de los guinness familiares: en la historia de casi siglo y medio de La Rural, Martínez de Hoz es el único apellido que se repite tres veces entre sus presidentes.

José Alfredo ya era un veinteañero cuando su padre homónimo le hizo guerra al peronismo, que en represalia le expropió las 10 mil hectáreas de la estancia familiar de Chapadmalal para construir la residencia presidencial de verano sobre el parque diseñado por Carlos Tahys.

La familia quedó entonces con la réplica del castillo escocés mandado a construir en 1906, en el que había crecido Josesito y donde se familiarizó con la economía agraria antes de graduarse en derecho con las máximas calificaciones, viajar a Cambridge y especializarse en derecho agrario en Italia.

Pero lo suyo no sería el derecho sino la gestión de los negocios familiares, diversificado ya desde el rubro terrateniente a empresas eléctricas, de acero, ingenios azucareros, petróleo, seguros.

Fue directivo, entre otras de Petrosur, Acindar, La Buenos Aires Compañía de Seguros, Edificadora, Compañía Italo-Argentina de Electricidad, financiera Rosafin, The Western Telegraph Co., Pan American Argentina, Constructora Columbus Argentina y Paraná de Seguros.

También llegó a ser presidente del Centro Azucarero Regional del Norte y a mediados de los 70 fue la cara visible de Consejo Empresario Argentino, que nucleaba a los grupos económicos más concentrados.

Había sido antes ministro de Economía de Salta durante la llamada Revolución Libertadora, y secretario de Agricultura y Ganadería y también ministro de economía del presidente “títere” (de los militares) José María Guido.

Desde la cúpula del empresariado, en 1975 pidió formalmente al ejército que “preservara el orden en las circunstancias que impiden la libertad de trabajo, la producción y la productividad".

Meses antes del golpe que lo entronizó en el Palacio de Hacienda, Martínez de Hoz logró ejecutar en una de sus empresas -la acería Acindar- un “ensayo general” de sus políticas para terminar con la “guerrilla industrial”.

Un combinado de patotas sindicales, tropas del ejército, policías y custodios de la propia empresa ocupó el pueblo de Villa Constitución, en Santa Fe, hasta doblegar mediante razzias, secuestros, detenciones y asesinatos -incluido el del director del periódico zonal Norte- al sindicato metalúrgico que lideraba el sindicalista clasista Alberto Piccinini.

Flaco, orejudo, desgarbado, de un hablar pausado que ocultaba su fiereza, José Alfredo ya vivía en el cuarto piso “G” del edificio Cavanagh, el tradicional rascacielos frente a la Plaza San Martín donde pasó sus últimos días, cuando el 2 de abril de 1976 presentó su programa económico.

Con el argumento de terminar con la inflación y atraer la inversión extranjera, arrancó con el congelamiento de salarios y la prohibición de huelgas y toda de protesta social, al tiempo que eliminaba barreras arancelarias aduciendo que mejoraría la competitividad industrial.

Amparado en el terrorismo de Estado, el salario cayó 40 por ciento de inmediato y casi 10 por ciento del PBI en siete años; con un dólar barato, la importación indiscriminada descalabró la industria nacional, y la “tablita cambiaria” de devaluación programada con altas tasas de interés permitió hacer fortunas con la “bicicleta” financiera”.

Paladín de gestión privada, no tuvo empacho en pagar 300 millones de dólares para nacionalizar su descapitalizada empresa Italo, principal proveedora eléctrica del país, a cuyo directorio había renunciado apenas un día antes de asumir el ministerio.

También derogó el impuesto a la herencia, una ley de 1923 sancionada por el radical oligarca Marcelo Torcuato de Alvear para reemplazarlo por el “enriquecimiento patrimonial a título gratuito” destinado al “tesoro escolar” como sostén de la familia, espina dorsal del cuerpo social.

Abogado de las multinacionales Esso y Siemens, el magnate David Rockefeller, dueño del Chase Manhatan Bank, contó ser su amigo personal y no paró de elogiar su programa “sólido y con metas realistas” para desestatizar la economía.

En 1977, su compañero de cacerías en Sudáfrica y colega en el gabinete, Albano Harguindeguy, hizo secuestrar y luego mantuvo en cautiverio a los empresarios textiles Gutheim para que cedieran un cupo de exportación a Hong Kong a la multinacional Dreyfus, hecho por lo cual estaba procesado y con prisión preventiva domiciliaria.

Se sabe también que fue idea suya despojar a los Graiver de las acciones de Papel Prensa y dárselas a los tres grandes diarios capitalinos, antes de hacer secuestrar a los dueños originales.

Los economistas y sociólogos dicen que en ese lustro de poder ilimitado cerró un ciclo de sustitución de importaciones y abrió el de la especulación financiera y la concentración económica, que culminaría dos décadas después Carlos Menem.

También aseguran que su sueño era una “venganza histórica”: achicar a la clase trabajadora y disciplinarla y por esa vía erradicar las ideas peronistas, populistas y socializantes, que la animaban.